"EL PERIODISMO, LAS TIERRAS Y EL LIC. DAVID TORREJON"

Señores y amigos periodistas: ¡Felicidades en su día¡. De paso, permítame un atrevimiento reflexivo. El país se esfuerza en mantener una situación en contra natura a la historia y el periodismo puede ayudar a enderezar esta monstruosidad. Parece que la crisis entro en crisis. Sino: ¿como se explica una crisis tan profunda que no renueve sus actores?. La crisis política ha tumbado la ética, la economía, la producción, el trabajo, la seguridad, la salud, la educación y hasta la credibilidad en las instituciones del pueblo. El país se fue de traste, pero, los viejos políticos, mantienen sus cargos y gozan de buena salud. Hasta Don Antonio Cafiero nos amenaza con quedarse. Es humillante vivir y sufrir una crisis sin renovación de dirigentes. ¿Quién puede creer que estos dirigentes que hace 20 años ocupan cargos importantes, en todos los gobiernos, nada tienen que ver con la crisis?. ¿El periodismo también anda con las pilas agotadas?. ¿Son miopes para descubrir nuevos dirigentes? ¿No existen nuevos políticos, nuevos científicos, nuevos pensadores o artistas?. ¿Será que los formadores de opinión, se sienten derrotado por el “periodismo pre-pago”. ¿La imaginación salteña esta muerta?. Yo no lo creo. Por el contrario, esta columna, tiene el agrado de presentarle algo distinto. Un dirigente que piensa diferente y que propone una nueva ética y otro criterio para encarar los negocios del Estado. Si quieren profundizar en sus ideas, hablen con el. Tiene 47 años, se recibió en la UNSa con una tesis sobre el “palo santo”. Es licenciado y profesor de Recursos Naturales. Se llama David Ernesto Torrejon. Especialista en políticas sobre el medio ambiente y recursos naturales. Sus trabajos se publican en revistas especializadas del país, Europa y en el “Con. Of the Int. Assoc. For Eng. Geol. And Environment. Vancouver, Canadá”. Como todo hombre culto, es de pocas pulgas y respetuoso. No asesora a ninguna empresa agropecuaria ni minera. Sabe lo quiere para Salta y lo defiende con años de coherencia. Ideológicamente se ubica en el centro izquierda. Por eso, el gobierno lo dejo dos veces sin trabajo. Paso a las huestes de la “reconversión” 1995 y en el 2000 lo cesantearon “sin causa”. En el 2002 lo reincorporaron de lástima y no le pagaron nada en compensación a los dos años que estuvo en la lona.

¿Que opinas de la venta de los lotes 32 y 33, 23 y 24 del Departamento Anta? Lo grave, es que el gobierno las ofrece al mejor postor. O sea al capital externo y anónimos. Hay que impedir que el saqueo triunfe impune en Salta. El pueblo debe tomar conciencia que se esta rematando un patrimonio de todos los salteños. Un justicialista verdadero debería ampliar las fronteras agropecuarias siempre y cuando se garantice el acceso a la riqueza a los sectores más empobrecidos de la zona. En el mundo moderno las tierras fértiles y vírgenes son espacios estratégicos para la estructuración de una sociedad justa y equitativa, con crecimiento sostenido. No para que enorme monstruos tecnológicos nos quemen el suelo y encima nos arrebaten la soberanía.

¿Cual es su impresión respecto de las políticas de tierras públicas? Recordemos que la política salteña jamás quiso abolir los resabios feudales de la propiedad colonial. Nunca existió un verdadero proceso de colonización. La apropiación de las tierras tuvo un carácter especulativo o de estatus social. Hoy por hoy, los “neo” de la legislatura no les gusta que hablemos de soberanía. Nos prefieren técnicos brutos o serviles.

¿Es decir: “pienso, luego me echan”?.
Efectivamente. De esta forma justifican ante la opinión pública el aniquilamiento de los pequeños campesinos, de las granjas y de la extinción de las condiciones locales de producción.

¿O sea que el vicio viene de herencia?
Claro, la expansión agropecuaria tampoco se tradujo un esfuerzo industrializador. El surgimiento de una etapa industrial de sustitución de importaciones solo sirvió para que se apoyen los sectores medios urbanos en ascenso y sin disputar el poder del sector ganadero. El opa salteño no sabe para que, pero siempre quiere ser finquero.

¿Como influye esta política agropecuaria apuntalada por la provincia?
Primero no hay política. Se sigue agudizando el desarraigo del trabajador rural y prosigue el éxodo a las ciudades. Hay que frenar la agricultura de rapiña, que deteriora el suelo y degrada al hombre desocupado, precisamente con una buena política agropecuaria.

¿Si se afecta nuestro patrimonio por que los salteños no nos defendemos?
No se puede defender lo que no se conoce. Los recursos naturales de la provincia es un derecho no delegado a la nación, por lo tanto, defender lo nuestro es un deber y rifarlo es una traición a la patria. Los mismos personajes que rifaron el petróleo y el gas en la nación, ahora rifan nuestras tierras. Pero la gente no se da cuenta. La ignorancia popular siempre es cómplice de la sumisión. El conocimiento es nuestra única arma de liberadora.

¿Y como nos defendemos?
Si la gente elige serviles martilleros de nuestro patrimonio en vez de elegir verdaderos legisladores, la cosa esta perdida. Aun eligiendo patriotas, hay que proyectar políticas de colonización, donde su desarrollo compatibilice con el aspecto social, económico y cultural de la zona. Necesitamos crear urgente puestos de trabajos. Las plantaciones a gran escala generan “retenciones aduaneras”, pero la gente de la zona queda peor y mas empobrecida que Anta, perdón, digo que antes.

MERCOSUR

Lic. David Torrejón

La opinión pública mundial va tomando en cuenta de la real dimensión de la problemática ambiental por sus diferentes manifestaciones catastróficas, los cuales deben ser solucionados sin dilación.

En este nuevo modelo de "Globalización" los pueblos buscan establecer nuevas pautas referidas a la preservación del ambiente, cuyas responsabilidades son cada vez más estrictas, y que obligan a incorporar nuevos modelos de producción juntamente con "tecnologías limpias" que sean competitivas y a su vez compatibles con los requerimientos ecológicos.

Podemos afirmar que el medio ambiente y la economía se han convertido en dos conceptos indisolublemente unidos y que nuestro mundo precisa compromisos internacionales que lo mantengan vigente, donde exista un nexo mas estrecho entre la ecología y los siempre decisivos factores económicos.

A tal fin son numerosos los instrumentos legales que establecen normas relativas al cuidado del medio ambiente. Ejemplos: Convenio de Basilea, Convenio de Viena, Río 92, Cumbre de las Américas del Desarrollo Sostenible (Bolivia, Diciembre 96). Kioto etc.

Respecto al incipiente Bloque económico denominado Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que entro en vigor el 1ª de enero de 1995, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, podemos destacar que entre sus objetivos aparece la firme voluntad de promover el desarrollo con justicia social, erradicar la pobreza y preservar el medio ambiente.

En particular, las pautas ambientales acordadas en un principio por los Estados Miembros están contenidas en el documento denominado “Directrices Básicas en Política Ambiental del Mercosur” que entre otras cosas menciona:

.- Garantizar la adopción de prácticas no degradantes del ambiente en los procesos que utilizan los recursos naturales, los cuales deben ser aprovechados de manera sustentable para su utilización futura.

.- Adoptar medidas para controlar las actividades degradantes y analizar el impacto ambiental de las actividades productivas.

.- Desarrollar y adoptar tecnologías adecuadas para minimizar o eliminar el lanzamiento de residuos contaminantes al entorno.

.- Promover el uso de métodos de reciclaje limpios y el tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.

.- Asegurar la concentración de acciones con vistas a la armonización de procedimientos legales e institucionales.

.- Estimular la coordinación de criterios comunes para la negociación e implementación de actos internacionales de incidencia en el proceso de integración.

Si tenemos en cuenta que los países firmantes del MERCOSUR son los mismos que suscribieron el tratado de la cumbre de la tierra Río 92, existe una gran preocupación de los grupos ambientales que estos documentos sean solo catálogos de buenas intenciones pues parecen bastante genéricos y no explican en forma taxativa como van a preservar los recursos naturales y mucho menos como obrar ante situaciones como el caso de las papeleras, y menos a donde recurrir frente a estos laudos.

Si bien es cierto algunos países han avanzado en cuanto a fijar normas y patrones de calidad ambiental caso Brasil, también es cierto que entre ellos existen algunas asimetrías dignas de comentar y que reflejan ventajas comparativas como ser bajos salarios, clima, insumos más baratos, menor presión impositiva y fletes más bajos, lo cual hace más difícil tomar medidas adecuadas frente a cualquier contingencia o controversia, caso papeleras, para hacer competitivas las actividades productivas.

Por un lado, aquel país que posee ventajas competitivas estará en condiciones de exigirá a los demás países miembros del bloque comercial que para exportar productos a dicho país tendrán que respetar sus pautas ambientales.

Ante la ausencia de esta posibilidad se puede recurrir a preceptos básicos de las normas internacionales como ser
.-El principio de la consulta previa.
.-El principio de la información mutua.
.-El principio de la cooperación conjunta de los Estados miembros.

Si estos mecanismos dejaran de funcionar, entonces estos instrumentos serán solo acuerdos entre corporaciones trasnacionales y seguramente los Estados miembros se alejaran de sus objetivos primigenios.

Frente a estos nuevos mecanismos donde se toman decisiones trascendentales que repercuten sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pueblos, se hace preciso y hasta obligatorio que los actos de los representantes sea acompañado por el consenso de sus representados, dándole así transparencia y seguridad a la tan buscada integración de la humanidad.
Tomar en cuenta el acuerdo para resolver controversias comerciales como antecedente de soluciones rápidas.


SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (DIFERENCIAS) EN EL MERCOSUR

El actual Sistema de Resolución de conflictos, se estatuyo en el tratado denominado “Protocolo de Brasilia de solución de Controversias”, suscripto por los cuatro países socios -17-12-91-. A los 15 años de su instauración podemos extraer algunas conclusiones. El protocolo prevé en sus cinco capítulos un procedimiento para controversias entre los Estados – parte y otro entre un Estado – parte y un particular, sea persona física o jurídica sea nacional o de otro estado socio. Ambos procedimientos prevén instancias conciliatorias previas, con intervención de los representantes de los Estados – parte en la controversia y del grupo mercado común y una instancia arbitral a través de un procedimiento jurisdiccional definido por medio de un laudo arbitral obligatorio para los Estados – parte, dictada por tres árbitros -dos de ellos, representan a cada Estado – parte en controversia y el tercero representa a un país ajeno al conflicto-, que puede o no ser Nacional de otro de los países socios del MERCOSUR. Hasta el año 2001 solo en 5 casos se recurrió a estos instrumentos, evidenciando que los países no son afectos a recurrir a estos instrumentos. Estos casos son importantes pues han permitido poner en funcionamiento el sistema de solución de conflictos para mejorarlo y corregirlo. Además Este sistema permite reforzar la obligatoriedad de los compromisos asumidos en el tratado de Asunción. Eliminar barreras arancelarias y no arancelarias.

Conclusiones:
A.- Difícil acceso al Sistema: Los particulares afectados por la sanción o aplicación por cualquiera de los Estados-parte de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal en violación de los acuerdos celebrados, decisiones del Consejo y resoluciones del MERCOSUR o de las directivas de la comisión de comercio; deberán formalizar sus reclamaciones ante la sección nacional del Estado parte donde tengan su residencia habitual o sede de sus negocios. Los particulares dependen del Estado para acceder al Sistema. La representación y defensa la realiza el Estado y no el particular en forma directa. La crítica es que muchas veces los gobiernos dan prioridad a una solución política de los conflictos por sobre una resolución jurídica. Cada Estado debe reglamenta el funcionamiento interno de la sección nacional. Argentina no lo hizo. No puede cuestionar ante la Justicia interna, ante la falta de respuesta de la sección nacional.
B.- Lentitud del procedimiento: El protocolo prevé plazos acotados para cada una de las instancias de la controversia. La resolución por un tribunal arbitral no debería extenderse más allá de los 5 o 6 meses. Esto no se cumple debido a que los plazos dependen casi siempre del impulso del las partes en controversia en las diferentes instancias. Una vez disparado el proceso los plazos deberían ser perentorios y automáticos. Otra de las cusas es la lentitud de la burocracia de los Estados – parte.
C.- Poca experiencia en el manejo de la normativa del MERCOSUR: el protocolo establece que los árbitros deberían ser juristas de reconocida competencia en las materias de la controversia. El tribunal arbitral debe fallar conforme a derecho. Deben ser expertos conocedores de la extensa cantidad de normas que en su mayoría poseen una pobre técnica legislativa de redacción, lo que se traduce en dificultades de interpretación.
D.- El proceso arbitral puede afectar el derecho de defensa de las partes: No rige la estricta norma del consenso para la toma de decisiones, ya que el protocolo prevé que el laudo arbitral de adopte por mayoría. Postura que se ve afectada por: a) La inexistencia de reglas uniformes de procedimiento del tribunal arbitral. Art. 15, dice que el tribunal fijará sede en alguno de los estado – parte y adoptará sus propias reglas de funcionamiento. Tales reglas deben garantizar que cada una de las partes tenga plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y argumentos. b) Falta de un órgano de apelación. En un principio se pensó en un tribunal arbitral de instancia única, de manera de asegurar una solución rápida. La realidad demuestra que los fallos no son rápido y menos permiten refrendar algunos errores de laudos cuestionables o dudosos. Por ello sería preciso establecer un órgano de apelación, como en el caso de la OMC. C) Laudos arbítrales con interpretaciones contradictorias sobre temas similares. No existe una verdadera jurisprudencia comunitaria que enriquezca y profundice el proceso de integración. D) Imposibilidad de los particulares de cuestionar las decisiones, no previsto en el protocolo. La actual estructura institucional del MERCOSUR permite tratar temas comerciales, drogadicción, medioambiente, cultura, genero, etc.
La regulación del proceso de ejecución o cumplimiento de la decisión arbitral no es posible ya que los tribunales no toman medidas auto ejecutivas. Art. 23, Si un Estado no cumpliere el laudo del tribunal en un plazo de 30 días los otros estados en la controversia podrán adoptar medidas compensatorias, temporarias como la suspensión de concesiones u otras equivalentes tendientes a obtener su cumplimiento. También su incumplimiento puede provocar la necesidad de tener que convocar un nuevo tribunal para que resuelva el conflicto.
Conclusión: El MERCOSUR necesita contar con un Tribunal de Justicia permanente. Las controversias en el seno del bloque deben ser resueltas a través de una corte integrada por jueces independiente de los Estados nacionales dedicados con exclusividad a la resolución de estas cuestiones y cuyos sueldos sean provistos por la propia estructura institucional del MERCOSUR. Es posible concretar un procedimiento más expedito con preclusión de plazos, impulso de oficio por parte del tribunal y garantía de los derechos de defensa de las partes y fundamentalmente con un proceso de ejecución rápido, claro y efectivo.
Se requiere la convicción de los dirigentes, de los empresarios, de los trabajadores y de toda la ciudadanía de los Estados – parte. Cuadro de ganancia mutua donde todos ganan con el proyecto integrador. Los países del MERCOSUR se hallan unidos por algo más que por cuestiones comerciales, existe una historia común y una cercanía geográfica inmodificables que no debemos desaprovechar. Todo ello reafirma la certeza de que el único camino posible, para lograr una verdadera unión política y económica como plataforma de inserción en un mundo cada vez más recesivo, inseguro e inestable, es la profundización del proceso de integración.

Papelón de las Papeleras

Por Lic. David Torrejón

En este nuevo modelo de "Globalización" donde los pueblos buscan establecer nuevas pautas referidas a la preservación ambiental, las responsabilidades son cada vez más estrictas, que obligan a incorporar nuevos modelos de producción juntamente con "tecnologías limpias" competitivas y compatibles con los requerimientos ecológicos. Medio ambiente y economía se han convertido en dos conceptos indisolublemente unidos, lo cual implica compromisos internacionales que lo mantengan vigente. Así lo demuestran los numerosos instrumentos legales que establecen normas relativas al cuidado ambiental - Convenio de Basilea, Convenio de Viena, Río `92, Cumbre de las Américas del Desarrollo Sostenible, Protocolo de Kioto etc.-

El problema de las papeleras que se están instalando en Uruguay pone al descubierto que no existen mecanismos específicos para resolver controversias ambientales.

El incipiente Bloque económico denominado Mercado Común del Sur (MERCOSUR), integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, menciona entre sus objetivos la firme voluntad de promover el desarrollo con justicia social, erradicar la pobreza y preservar el medio ambiente.

En materia ambiental, los Estados - parte han suscrito el documento denominado “Directrices Básicas en Política Ambiental del Mercosur” comprometiéndose a garantizar la adopción de prácticas no degradantes del ambiente en los procesos que utilizan recursos naturales, los cuales deben ser aprovechados de manera sustentable para su reutilización futura; adoptar medidas para controlar las actividades degradantes y analizar el impacto ambiental de las actividades productivas; desarrollar y adoptar tecnologías adecuadas para minimizar o eliminar el lanzamiento de residuos contaminantes al entorno; promover el uso de métodos de reciclaje limpios y el tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos; asegurar la concentración de acciones con vistas a la armonización de procedimientos legales e institucionales y a estimular la coordinación de criterios comunes para la negociación e implementación de actos internacionales de incidencia en el proceso de integración.

Otro antecedente a tener en cuenta es el "Protocolo de Brasilia de solución de Controversias", firmado por los países del Mercosur, documento que prevé instancias conciliatorias previas, con intervención de representantes de los Estados – parte en la controversia y una instancia arbitral obligatoria, dictada por tres árbitros - dos de ellos, representantes de cada Estado – parte en controversia y el tercero representado por un país ajeno al conflicto. Aunque solo contemple procedimientos para resolver diferencias comerciales, el funcionamiento de este sistema, a pesar de sus falencias ( difícil acceso de los particulares, lentitud del procedimiento, poca experiencia en el manejo de normativa del Mercosur, derecho a defensa, falta de un órgano de apelación, laudos arbítrales con interpretaciones contradictorias sobre temas similares, no existe una verdadera jurisprudencia comunitaria que enriquezca y profundice el proceso de integración; Imposibilidad de los particulares de cuestionar las decisiones inexistencia de reglas uniformes, regulación del proceso de ejecución o cumplimiento de la decisión arbitral), evidencia que los Estados - parte, si se lo proponen, pueden avanzar en nuevos sistemas de resolución de conflictos más dinámicos y eficientes.

Los últimos acontecimientos respecto a las papeleras, muestran lo endeble del contenido de todos los instrumentos legales ambientales del Mercosur. Hay cuatro posiciones antagónicas; las de los vecinos y ambientalistas del pueblo de Gualeguaychu, las de las papeleras, la del Gobierno de Argentina y la del Gobierno de Uruguay. Frente a este vacío legal para la resolución de conflictos ambientales y al no poder sortear esta barrera no arancelaria, todos ellos se han visto obligados a politizar su posición, tratando de llevar "agua para su molino" y no volcar esfuerzos para hallar alguna solución dentro del marco del Mercosur.

A pesar de los documentos suscriptos por Argentina y Uruguay, existe una gran preocupación de los vecinos y grupos ambientales de Argentina, que estos documentos sean solo catálogos de buenas intenciones pues son bastante genéricos, en su mayoría poseen una pobre técnica legislativa, y no explican en forma taxativa como van a cumplir con los objetivos asumidos, mucho menos como obrar ante situaciones como el caso el de las papeleras, y menos aún, a donde recurrir frente a estas controversias.

Tal situación se ve agravada, ya que los países en conflicto, no hicieron respetar ni siquiera los preceptos básicos sobre las cuales se edifica el tratado internacional del río Uruguay, o sea: El principio de la consulta previa; el principio de la información mutua y el principio de la cooperación conjunta de los Estados miembros. Principios que no dejan dudas de cual debe ser el comportamiento de los Estados - parte en todo momento y ante cualquier situación (proyectos, obras, actividades), que involucre recursos naturales compartibles.

Si los mecanismos de garantía dejaran de funcionar, entonces, estos instrumentos serán solo acuerdos comerciales entre corporaciones trasnacionales y seguramente los Estados - parte se alejaran de sus objetivos primigenios.

Es una vergüenza y un papelón internacional, que los vecinos de Gualeguaychú, tengan que recurrir al corte de rutas que unen a la Argentina con Uruguay, para protestar en contra del emplazamiento de las papeleras, y frente al peligro de que una de las actividades más contaminantes del mundo, pueda perjudicar toda la zona de influencia que los rodea. Cabe preguntarse ¿Para qué están las cancillerias?

Por otro lado los países del MERCOSUR se hallan unidos por algo más que por cuestiones comerciales, existe una historia común y una cercanía geográfica inmodificables que no debemos desaprovechar. Todo ello reafirma la certeza de que el único camino posible, para lograr una verdadera unión política y económica como plataforma de inserción en un mundo cada vez más recesivo, inseguro e inestable, es la profundización del proceso de integración.

Por tales razones se hace preciso y hasta obligatorio que frente a decisiones trascendentales que repercuten sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pueblos, los actos de los representantes sea acompañado por el consenso de sus representados, dándole así transparencia y seguridad a la tan buscada integración de la humanidad.

El Mercosur necesita contar con un Tribunal de Justicia permanente. Las controversias en el seno del bloque deben ser resueltas a través de una corte integrada por jueces independiente de los Estados nacionales dedicados con exclusividad a la resolución de estas cuestiones y cuyos sueldos sean provistos por la propia estructura institucional del MERCOSUR. Es posible concretar un procedimiento más expedito con preclusión de plazos, impulso de oficio por parte del tribunal y garantía de los derechos de defensa de las partes y fundamentalmente con un proceso de ejecución rápido, claro y efectivo.

CONTAMINACION PAPELERAS

"la mayor parte de la contaminación producida en la industria del papel se origina en el proceso de obtención de la pasta celulósica. Sus residuos pueden contener licores sulfíticos, pasta fina, sustancias químicas de blanqueo, mercaptanos, sulfuros de sodio, carbonatos e hidróxidos, apresto, caseína, arcillas, tintas, ceras, grasas, aceites y fibras". Se continúa mencionando que "los desagües de fábricas integradas de pasta celulósica y papel pueden contener una alta cantidad de materia orgánica (54 tn de DBO / tn de producto), una gran cantidad de sólidos en suspensión (77kg / tn de producto) y algunas otras sustancias químicas que varían de acuerdo con el tipo de proceso utilizado para su elaboración.
Argentina hay alrededor de una decena de fábricas de papel que están contaminando nuestros ríos. Desde hace años, una gran parte de las papeleras argentinas se han ubicado sobre el Paraná y arrojan a este río los efluentes tóxicos derivados de una gigantesca producción de pasta de celulosa. Los esfuerzos que desarrollan las papeleras europeas ubican a estas compañías entre aquellas punteras a nivel mundial en metodologías de minimización de impactos ambientales. Cuando Celulosa Argentina instaló hace años su planta en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, no se hablaba de ecología en el país, lo que le permitió pasar desapercibida mucho tiempo, y hoy en día goza del privilegio de estar en pleno funcionamiento, al igual que las otras, y ese statu quo es el que parece mantener a las papeleras argentinas alejadas hasta ahora del ojo de la tormenta.
Celulosa: cinco desagües: uno, contenido por una canaleta; otro, en forma de cascada, como si fueran saltos; el más desagradable, un par de caños que despiden una masa líquida espesa y negra. Los daños a la salud humana de la región causados por la concentración de estos contaminantes en los cuerpos de los peces que forman parte de la dieta, no han sido evaluados. Se sabe que muchas de las sustancias (fundamentalmente dioxinas y furanos) encontradas en los efluentes de esta empresa son altamente tóxicas que no se degradan fácilmente, y que representan una amenaza permanente (durante años) en los sedimentos y organismos acuáticos. “Puede provocar acciones teratogénicas, depresión del sistema nervioso central, daños en los riñones y el hígado y cáncer". La presencia de la mayoría de los mencionados contaminantes es consecuencia del empleo de cloro para el blanqueo de la pasta de papel. Los ecologistas sostienen que existen tecnologías disponibles que no involucran la producción de esos contaminantes orgánicos persistentes. En Argentina y Uruguay de hoy el sistema es más simple: tiran directamente “todo al río”, casi sin inversión tecnológica que evite la contaminación. Contaminantes. Entre los compuestos presentes en las muestras se encontraron cloroguaniacoles o metoxifenoles clorados, dicloro y tricloro fenoles, metoxifenol, alquilbencenos, sulfuro de dimetilo, 2-formil-5-metil-tiofeno, una serie de hidrocarburos de cadena larga y el compuesto volátil cloroformo (triclorometano). El característico olor que produce la papelera de Capitán Bermúdez tornó el aire casi irrespirable, y casi un millar de alumnos de dos escuelas de esa ciudad debieron ser evacuados en forma preventiva, así como numerosos vecinos que debieron abandonar sus casas debido al olor y a las molestias a causa de emanaciones industriales. Parecidos a los efectos de los gases lacrimógenos, con irritación en los ojos y en las vías respiratorias.

Nada ha cambiado todo sigue igual

Por Lic. David Torrejón

El Problema del Dengue todavía sigue golpeando a nuestro pueblo, y lo que es peor se dice que permanecerá por largo tiempo entre nosotros.

Con el cólera y otras enfermedades endémicas pasa exactamente lo mismo. Para mal de todos los salteños la situación prácticamente no ha variado.

El solo anuncio debería bastar para que el problema se tome muy en serio y se extremen las medidas tendientes a crear conciencia en la población respecto a la necesidad de evitar que el contagio se expanda.

Por que? Porque, continúan las condiciones de insalubridad. Veamos algunos ejemplos; Muchos lugares públicos en especial los baños de lo negocios siguen siendo de uso riesgoso; las calles y aceras del micro y macro centro siguen mostrando la insistencia de la gente para arrojar basura en la vía pública y no en utilizar los muy escasos cestos de residuos ubicados en contados lugares de peatonales y plazas.

La situación en los barrios periféricos es la misma que antes del cólera, o sea deficitario, ya que se carece de agua potable y gran parte de los vecinos ignoran como prevenir las enfermedades. En ciertos lugares tanto céntricos como periféricos, cada vez que llueve, brotan aguas servidas

Los micro basurales siguen impactando a nuestros sentidos, y las autoridades ambientales, persisten en su actitud de no fumigar por lo menos para erradicar los insectos transmisores de enfermedades.

Otro ejemplo lo representa el tagarete cubierto de la Av. Entre Ríos, que recibe los desechos cloacales de esa zona es un foco apestoso y mal oliente en especial en los días de mucho calor.

Cada es mayor el número de puestos de comida al paso. La gente que no tiene pocas oportunidades de ubicación en loteos o viviendas FONAVI, se instala en las orillas de los ríos aledaños y etc., etc.

Pareciera que no se comprende cabalmente la gravedad del caso que nos afecta a todos, y peor aún padecemos un modelo de gestión gubernamental, donde el sistema de control interno y externo de sus acciones ha sido extirpado completamente.

En definitiva nuestro ambiente sigue amortiguando nuestra negligencia y desidia, y las enfermedades siguen haciendo estragos en nuestra comunidad.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ¿Como?

En torno al tema de los Desmontes, del Ordenamiento Territorial, se dicen y se han dicho cantidades de opiniones y análisis. Veamos que pasa con el mentado ordenamiento y luego examinemos en detalle algunos puntos de relevancia.

En el año 2007, surge la demanda de un conjunto de actores, comunidades aborígenes y pequeños productores criollos, que advierten el problema de los desmontes en la Provincia, con todas las consecuencias colaterales que ello implica, y solicitan a los estamentos competentes que frenen los mismos.

Por otro andarivel, desde la Nación, frente a la demanda de distintos afectados en distintos puntos del país, avanza la idea de declarar la emergencia forestal (ley Bonasso), la cual se concreta positivamente.

En Octubre del año 2008; organizaciones de pueblos originarios y criollos, asistidos por otras instituciones del medio, elaboran un informe de situación que se lo hacen llegar al Ministro de Medio Ambiente, donde revelan que en el primer semestre del 2008, se deforestaron 57 mil has en tierras de uso tradicional, pero lo mas grave es que estaban siendo expulsados de esos sitios de asentamiento tradicional, por los nuevos dueños, que en algunos casos ni tienen residencia en la Provincia.

En diciembre del 2008, luego de frustradas peticiones ante el gobierno local, recurren a la Corte Suprema solicitando un amparo, mediante el cual se suspenda los desmontes y la tala, y que ordene a la provincia y a la Nación reparar el daño causado o indemnice a los habitantes afectados por esta actividad y sus consecuencias (Causa “Dino Salas y otros contra Salta, Pcia. de y Estado nacional, sobre amparo).
En este marco hay que considerar dos aspectos, que son el nudo de la discusión y que a la fecha no encuentra un justo medio.

Por un lado se declara la Emergencia Forestal (ley Bonasso) motivado por la excesiva tala de bosques nativos (en el 2008 salta desmonto una superficie de bosques nativos mayor que la Media Nacional) y se exige a las provincias a realizar el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.
Por el otro, y que muchos no saben es que; desde la Nación, también se ha declarado, en Estado de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupa toda comunidad indígena originaria del país, ley Nacional Nº 26.160, sancionada en el año 2006, por la cual suspende cualquier desalojo de las comunidades, y ordena a todas las provincias a realizar un relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas (dándoles tiempo hasta el año 2010).

En el medio de estos dos procesos de emergencia surgen algunos aspectos relevantes.

El 29 de diciembre del 2008, la Corte dictó una medida cautelar de suspensión de los desmontes y la tala autorizados desde noviembre de 2007 en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

En enero del 2009, la provincia promulga la Ley 7.543 de adhesión a la ley Nº 26.331”, de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (Ley Bonasso)- sin mapa-. Por la cual se Zonifica a nuestra Provincia en: Zona verde: 2 millones ha. en la que se permite algunas actividades par ganadería y cuando se trate de tierras que se encuentran más al este de la Provincia, los desmontes deberán ser selectivos. Zonas rojas: 1 millón y medio de ha., las que no podrán ser modificadas. Zonas amarillas: 3 millones y medio de ha. dedicada a la ganadería extensiva.

La ley provincial, apunta a desarrollar prácticas para organizar el desarrollo sustentable dando una visión de regulación integral, la cual se perfeccionará cada dos años para acompañar el proceso económico, social y ambiental. Por otro lado la unidad tomada como medida y parámetro es el de protección de cuencas hídricas, ya que a partir de éste criterio se pueden cruzar y superponer las capas que corresponden a los demás criterios.

El 26 de Marzo del 2009, frente al Pedido de ampliación de la medida cautelar hecho por los afectados, La Corte suprema de justicia de la Nación ordena al gobierno de Salta que cesen todos los desmontes y la tala en San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental sobre el efecto acumulativo de estos desmontes.

Medida basada en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, “Como custodio de las garantías constitucionales, tendiente a tutelar derechos de índole de los invocados, o a suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados”.

Ante este acontecimiento, los sectores afectados, madereros, transportistas, ganaderos, comerciantes, agricultores, inversores, y los trabajadores ligados al desarrollo productivo comienzan a realizar una serie de manifestaciones rechazando la medida de la Corte.

En el mes de Junio, las reuniones convocadas en el marco de la elaboración del estudio de impacto ambiental sobre los efectos de los desmontes pusieron de manifiesto una vez más las diferencias existentes entre aquellos que defienden la sustentabilidad y los sectores que se benefician con los desmontes y la tala indiscriminada.

El 7 de Julio 2009 se aprueba la reglamentación de la ley 7543, y el mapa de ordenamiento territorial, delimitando las zonas de color, detallando entre otras cosas, las actividades permitidas en cada una de ellas (Decreto reglamentario Nº 2785/09); y nuevamente los sectores en pugna, hacen oír su rechazo tanto al decreto reglamentario como al mapa en cuestión y solicitan al señor gobernador una inmediata enmienda.

A tal punto llega la controversia que el propio Gobernador sostiene que "no pasarán con las topadoras por arriba de la gente", haciendo alusión al Decreto de Necesidad y Urgencia que impide desmontar terrenos sobre el que haya algún reclamo formal de comunidades aborígenes.

El texto reglamentario habilita solo 1.500.000 has. para actividades productivas, cuando la ley prometía al sector más de 5 millones de hectáreas. Ahora los productores las reclaman y advierten que la decisión del Gobierno postergó al norte y complicó, especialmente, al sector ganadero.

En este marco complejo es preciso recalcar que junto con el decreto reglamentario de la ley provincial de ordenamiento, la provincia dicta otro Decreto, el 2789 con fecha 3 – 07 -09, que en su Art. 1.- sostiene Que durante el plazo de vigencia de la ley Nacional 26.160, no podrán ejecutarse las autorizaciones de desmontes pendientes de realización en aquellas propiedades incluidas en la categoría II (amarilla), tierras que tradicionalmente ocupan comunidades originarias. También se compromete a realizar el mencionado relevamiento en tiempo y forma.

Frente a esta situación la pregunta del millón es ¿que priorizará el Gobierno?, la prohibición de toda actividad que pueda generar impacto ambiental negativo y la conservación a ultranza de los recursos naturales, la continuidad de los desmontes sin control alguno, privilegiando a los sectores que practican actividades extractivas y depredadoras, o bien el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales.

Esperamos que lo último, pero para que esto suceda, debemos apoyar y peticionar una verdadera participación en cuanto al control del cumplimiento de ambos procesos, y participar en la revisión de la ley de ordenamiento, pero en estamentos creados a tal fin como por ejemplo un Consejo Provincial Ambiental; Consejo Económico Social, o cualquier otro pero con dictámenes vinculantes.

También exigir a las autoridades competentes que implementen un verdadero sistema de control y fiscalización que asegure y garantice el cumplimiento de las leyes que están vigentes en materia de bosques nativos, protección de suelos, reservas de fauna y flora, protección de cuencas hídricas, manejo de fauna, trabajadores rurales, planes de colonización, pueblos originarios, etc. en definitiva que apunten a la conservación de la diversidad natural y cultural.

Solo así, estamos seguros que comenzaremos a transitar el tan mentado camino hacia el desarrollo sustentable.

Por Lic. David Torrejón